Mantener una cohesión y tejido social sanos y fuertes, es el mejor escudo disuasivo ante la delincuencia
Ante la ola delincuencial el gobierno, la iniciativa privada y los propios ciudadanos han tenido que invertir recursos y ensayar diversas estrategias: desde reformas policiales y penales, programas de prevención, hasta inversión en infraestructura de seguridad e incorporación de nuevas tecnologías y servicios de seguridad privada.
Estas acciones, no obstante, de poco o nada han servido para disuadir a los delincuentes de continuar cometiendo sus fechorías.
A pesar de la creación de distintos entes policiales, en México, continuamos sin “dar el ancho” necesario fijado por la ONU (1.8 policías por cada mil habitantes); nuestro estado de la fuerza real (124, 119 policías) arroja una tasa de 0.98 por cada mil habitantes.
La presencia policial resulta entonces deficitaria para cumplir con los requisitos mínimos y desde luego para efectos de disuadir a los delincuentes.
El endurecimiento de las penas poco desalienta a los criminales ante los altos índices de impunidad que prevalecen en el país; 99 de cada 100 delitos quedan impunes, y por el déficit de jueces para aplicar la justicia; cuando la media global señala la existencia de 17.83 jueces por cada 100 mil habitantes, en México se tienen 2.17 únicamente.
Los programas de prevención a pesar de haber recibido fabulosos y millonarios presupuestos pudiendo haber permeado beneficios, fueron malgastados y utilizados, de manera descoordinada y desenfocada hacia los grupos de riesgo, lejos de la prevención y disuasión delincuencial, subliminalmente en su mayoría para promoción electoral.
Las partidas para infraestructura y equipamiento, apoyadas incluso con recursos internacionales, al no ser asignadas a los mejores equipos sino a las manos de la corrupción institucionalizada, favorecieron mayormente a la violencia generalizada.
Las empresas y la ciudadanía, preocupadas, al recurrir a empresas de seguridad privada con la esperanza de disuadir y prevenir delitos, a pesar de lograr contratar empresas legitimas y profesionales, la gravedad de la situación no cambia mucho en términos reales.
¿Qué debemos hacer entonces al observar a un criminal, en su racionalización costo-beneficio en un ambiente como este donde no se logra disuadirlo para cometer un delito?
Quizá debamos reconocer, de una vez por todas, que más que las amenazas carcelarias o de cualquier tipo de castigo, lo que verdaderamente disuade a una persona de cometer un delito son los lazos afectivos que lo unen a un determinado grupo social.
Los delincuentes son personas, en su mayoría, con familias disfuncionales, donde la violencia ha estado presente, cuyo entorno social ha sido adverso y, en general, donde los lazos sociales son muy débiles o inexistentes; su cálculo de afectación entonces a sus seres queridos y los suyos, resulta tan bajo que no los disuade en su actuar delincuencial.
En la medida en la que nos ocupemos de intervenir para que la cohesión y el tejido social no se resquebraje y que todas las personas, particularmente los jóvenes, tengan un sentido de identidad y pertenencia a una comunidad activa y proactiva, conformaremos el escudo disuasivo para que una persona desista de cometer un delito.
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