La revolución del conocimiento en la que nos encontramos como sociedad, lejos de generar tranquilidad, certidumbre y confianza en nuestra integridad y seguridad, provoca una verdadera incertidumbre y sensación de vulnerabilidad.
A pesar de los adelantos tecnológicos, sofisticados sistemas de inteligencia e inversiones multimillonarias anuales en armamento y equipo, hoy se respira inseguridad por doquier. El ataque a las torres gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, que se saldó con miles de víctimas mortales y personas heridas, así como la destrucción de todo el complejo de edificios del World Trade Center y los graves daños causados en el Pentágono (sede del Departamento de Defensa de EEUU), marcó un antes y un después en la protección de las infraestructuras críticas. El país más poderoso del mundo fue incapaz de detener ese ataque terrorista.
Definición y actividadesA partir de ese momento, en el mundo se intensificó el estudio y la discusión sobre la mejor manera de salvaguardar la seguridad de las naciones y sus habitantes. En los círculos vinculados a la inteligencia y las estrategias de seguridad comenzó a plantearse cómo se debería garantizar la protección de la sociedad y de las denominadas instalaciones estratégicas.
Se conocen como infraestructuras estratégicas o críticas aquellas que prestan servicios esenciales para la ciudadanía y cuyo funcionamiento es indispensable para el adecuado desarrollo de las actividades cotidianas en una comunidad. Por definición, presentan un elevado grado de riesgo y amenaza y su salvaguarda y seguridad son temas de importancia relevante.
Ahora bien, según un consultor español especializado en seguridad pública y privada, la protección de las infraestructuras críticas es “el proceso de identificación, análisis, evaluación, estudio e implantación de los medios y medidas preventivas para reducir el riesgo en situaciones, principalmente, de desastre natural, sabotaje, vandalismo o terrorismo”.
Se consideran infraestructuras críticas o estratégicas las vinculadas a los siguientes sectores y actividades: la Administración (servicios básicos, instalaciones, redes de información y principales activos y monumentos del patrimonio nacional); las instalaciones del espacio; la industria química y nuclear (producción, almacenamiento y transporte de mercancías peligrosas, materiales químicos, biológicos, radiológicos…), etc.
Además, otras áreas que se vinculan a las infraestructuras críticas son las relacionadas con el agua (embalses, tratamiento y redes); las centrales y las redes de energía (producción y distribución); las tecnologías de la información y la comunicación (TIC); la salud (sector e infraestructuras sanitarias); el transporte (aeropuertos, puertos, instalaciones intermodales, ferrocarriles, redes de transporte público, sistemas de control del tráfico, etc.); la alimentación (producción, almacenamiento y distribución); y el sistema financiero y tributario (entidades bancarias, información, valores e inversiones).
El modelo mexicano
En España, la entidad encargada del modelo de protección de instalaciones estratégicas es el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC). Por su parte, México cuenta con el Grupo de Coordinación para la Atención de Instalaciones Estratégicas (GCIE), a cuyo frente se encuentran la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal y en el que participan organismos descentralizados y paraestatales y grupos empresariales.
En México existen más de 3.000 instalaciones o áreas estratégicas que requieren medidas eficaces de seguridad ante cualquier amenaza o riesgo
Para hacernos una idea de la importancia del funcionamiento de estas instituciones, el primer reporte de 2018 del GCIE revela que, entre el 5 y el 11 de enero, se registraron 355 incidentes en infraestructuras e instalaciones estratégicas del país. Una cifra que representa un incremento del 23,26 por ciento respecto a los incidentes registrados entre el 29 de diciembre de 2017 y el 4 de enero del presente año.
Los principales incidentes tienen que ver con bloqueos a instalaciones y vías de comunicación, accidentes en suministros energéticos, fallos causados por fenómenos atmosféricos, paros en aeropuertos, suspensión de servicios de energía eléctrica y de agua potable, etc. Y también con paros o huelgas en sectores productivos como la minería.
Actualmente, en México existen más de 3.000 instalaciones o áreas estratégicas relacionadas con el petróleo, la generación y distribución de electricidad, las telecomunicaciones, el transporte aéreo, etc., que requieren medidas eficaces de seguridad ante cualquier amenaza o riesgo.
En este sentido, para dimensionar el impacto de la prevención en la minería, se dio a conocer que las empresas dedicadas a la extracción de metales que forman parte de la Cámara Minera de México (Camimex) estiman que durante 2017 la inversión en seguridad ascendió a 143,4 millones de dólares, esto es, un 35 por ciento más que en 2016.
En España, la entidad encargada del modelo de protección de instalaciones estratégicas es el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC). Por su parte, México cuenta con el Grupo de Coordinación para la Atención de Instalaciones Estratégicas (GCIE), a cuyo frente se encuentran la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal y en el que participan organismos descentralizados y paraestatales y grupos empresariales.
En México existen más de 3.000 instalaciones o áreas estratégicas que requieren medidas eficaces de seguridad ante cualquier amenaza o riesgo
Para hacernos una idea de la importancia del funcionamiento de estas instituciones, el primer reporte de 2018 del GCIE revela que, entre el 5 y el 11 de enero, se registraron 355 incidentes en infraestructuras e instalaciones estratégicas del país. Una cifra que representa un incremento del 23,26 por ciento respecto a los incidentes registrados entre el 29 de diciembre de 2017 y el 4 de enero del presente año.
Los principales incidentes tienen que ver con bloqueos a instalaciones y vías de comunicación, accidentes en suministros energéticos, fallos causados por fenómenos atmosféricos, paros en aeropuertos, suspensión de servicios de energía eléctrica y de agua potable, etc. Y también con paros o huelgas en sectores productivos como la minería.
Actualmente, en México existen más de 3.000 instalaciones o áreas estratégicas relacionadas con el petróleo, la generación y distribución de electricidad, las telecomunicaciones, el transporte aéreo, etc., que requieren medidas eficaces de seguridad ante cualquier amenaza o riesgo.
En este sentido, para dimensionar el impacto de la prevención en la minería, se dio a conocer que las empresas dedicadas a la extracción de metales que forman parte de la Cámara Minera de México (Camimex) estiman que durante 2017 la inversión en seguridad ascendió a 143,4 millones de dólares, esto es, un 35 por ciento más que en 2016.
Medidas de seguridad
Este es sólo un ejemplo de un sector que invierte en acciones de prevención y seguridad. Si se suman los recursos que se destinan a las actividades relacionadas con las instalaciones estratégicas obtendremos cifras millonarias con crecimientos geométricos. De ahí se concluye, pues, en primera instancia que todas y cada una de las infraestructuras críticas requieren un estudio y una implantación de medios y medidas que hagan especial énfasis en la seguridad integral y estén impregnados de una visión holística: pensamiento global y actuación local.
Al respecto, las empresas de servicios e instalaciones de seguridad privada juegan un papel fundamental, pues son las encargadas de plantear conceptos de seguridad integral –tanto física como lógica– a través de la aplicación de las mejores prácticas tecnológicas para la preservación de las instalaciones estratégicas.
En la implementación de cualquier acción de prevención se tiene que partir del conocimiento de que las infraestructuras estratégicas son aquellas donde descansa el funcionamiento de los servicios esenciales, mientras que las infraestructuras críticas se caracterizan por un funcionamiento indispensable y no permiten soluciones alternativas.
A partir del 11-S comenzó a plantearse cómo se debería garantizar la protección de la sociedad y de las denominadas instalaciones estratégicas
Ambas son potenciales objetivos y presentan un catálogo de riesgos y amenazas múltiples. Por lo tanto, como punto de partida, cualquier intervención en ellas debe incluir un modelo de gestión de riesgos que, a su vez, contemple todo lo relacionado con los marcos situacional, estratégico y operativo. De su implementación se tendrá que desprender una especie de agenda integral de riesgos en la que, entre otros instrumentos, se incluya el análisis de vulnerabilidad y amenazas, la determinación de los ejes de acción, alineación y arquitectura de seguridad y la planificación y evaluación de la gestión.
En la parte práctica de la protección y salvaguarda de cualquier instalación estratégica o crítica, después del diagnóstico e implementación de un modelo de gestión de riesgo se procederá, según corresponda, a la aplicación de sistemas de protección contra intrusiones y agresiones, sistemas de videovigilancia y control, elementos de seguridad pasiva y arquitectónica, sistemas de control de accesos, medidas para proteger las comunicaciones, la información y los centros de datos, etc.
Existen proveedores que operan los centros de comando, desarrollados para coordinar la operación de todas las actividades de seguridad mediante la más avanzada infraestructura tecnológica y de comunicaciones. Y se pueden llegar a implementar salas de inteligencia o de crisis, un centro de monitoreo integrado en un videowall, sistemas de videoconferencia, videovigilancia, radiocomunicación, herramientas de visualización, despachos de emergencias, etc.
Como se puede apreciar, en un mundo globalizado como el nuestro, la seguridad y la integridad humanas figuran entre las principales prioridades de cualquier sociedad.
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